El nuevo Tratado establece expresamente que los miembros del Parlamento deberán ser elegidos por sufragio universal según un procedimiento uniforme en todos los Estados miembros. Para que esta convergencia electoral sea posible es necesario que se apruebe, por parte de los órganos de la Unión, un reglamento o directiva que prevea el proceso de adaptación de las leyes electorales de los Estados miembros. En el mismo TUE se establece que será el propio Parlamento el que elabore los proyectos pertinentes y que la adopción de la norma comunitaria deberá realizarse mediante acuerdo unánime del Consejo, previa conformidad del Parlamento adoptada por mayoría.

Una vez aprobada la norma europea, los Estados miembros deberán adaptar, en el marco de sus disposiciones constitucionales, las leyes electorales internas a las nuevas disposiciones electorales europeas.

De este modo, en aplicación de las disposiciones del TUE acerca de la homogeneización de los sistemas electorales de los Estados miembros, la participación equilibrada de las mujeres y los hombres ha de constituir uno de los ejes principales de la reforma electoral.

Los Estados miembros de la Unión, en consecuencia, tendrán que reformar sus normas electorales internas. Alguno de ellos (los estados federales, regionales o autonómicos) quizás tengan igualmente que adoptar ciertas medidas para garantizar que en el nuevo Parlamento Europeo también se proyecten de algún modo las diversidades o el multiculturalismo interno, medidas que, a tenor de las nuevas disposiciones europeas sobre la igualdad entre mujeres y hombres, tampoco podrán adoptarse al margen de esta misión de la Comunidad.

Nos encontramos, pues, ante un proyecto de amplio alcance y de inmensa trascendencia en el proceso de la integración europea que incide directamente en uno de los grandes problemas que todavía presenta la UE: aumentar la legitimidad de sus instituciones. El grado de vinculación y de identificación de la ciudadanía con la UE es todavía muy pequeño.

Acercar la Unión a los ciudadanos es imprescindible para el buen éxito del proceso de integración europea. Y es necesario que la integración se haga también desde la perspectiva de género.

No se puede desvincular de este proceso a las mujeres, la práctica mitad de sus destinatarios, ya que sólo las personas, hombres y mujeres, van a garantizar que la Unión Europea se consolide como un espacio plural de libertad, de igualdad y de justicia.

La democracia paritaria ha de constituir uno de los ejes principales de esta reforma electoral y debe ser un eslabón decisivo en la construcción de esa Europa más legítima a la que aspiramos desde la reivindicación de la igualdad real.